CIPER
PÁRRAFOS MARCADOS
DEL ESCANDALO DE LA SEMANA
ALEDIAZ
  • ·    El problema para Jorrat no era la acción contra Novoa, sino la dirigida contra Martelli. El director del SII había recibido instrucciones desde el Ministerio de Hacienda de retrasar la presentación del escrito hasta después del cambio de gabinete, cuando la Presidenta aún no le ponía fecha a la reestructuración de su equipo ministerial. La orden buscaba evitar que se siguiera debilitando la posición del ministro Peñailillo por su vínculo con Martelli.

  • ·        El principal impulso a la tesis de corregir por la vía administrativa provino de las oficinas de los ministros Peñailillo y Arenas. La jefa de gabinete del titular de Hacienda, Andrea Palma, ha coordinado el grupo que promueve esta salida extrajudicial y que ha presionado a distintas autoridades –entre ellas, la del SII- para que adopten ese predicamento. El equipo, incluso, ordenó investigar el origen de las filtraciones a la prensa que alimentaron los reportajes que involucraron en los ilícitos del financiamiento de la política al ministro Peñailillo, al grupo de dirigentes que él instaló en cargos de importancia en distintos ministerios, a colaboradores del ministro Arenas, y a los hijos del nuevo presidente de la DC, el senador Jorge Pizarro, entre otras figuras del oficialismo.

·         En el grupo que coordina Andrea Palma también participa Alberto Cuevas, responsable de la política tributaria del Ministerio de Hacienda, quien periódicamente se reúne con el subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón. A las reuniones del grupo también ha concurrido el director del SII, Michel Jorrat, e inicialmente participó el abogado Samuel Donoso. Este último es defensor del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y fue quien elevó el caso Penta hasta el Tribunal Constitucional en un infructuoso intento de detener la indagatoria sobre la minera de Julio Ponce Lerou.
·         Quienes insisten en que la justicia debe dirimir si hay o no delito, sostienen que el plan de contención desplegado por los ministros Peñailillo y Arenas es riesgoso: podría dar pie a acusaciones de obstrucción a la justicia o conflicto de interés, debido a que estarían usando prerrogativas de su cargo y recursos fiscales para detener una investigación que los afecta directamente o a sus colaboradores cercanos.
·         Para dejar fuera de la rectificación a la sociedad de Martelli, la Dirección de Grandes Contribuyentes tuvo a la vista los informes de asesoría entregados por esa empresa a SQM Salar, con lo que validó los servicios prestados. Sin embargo, una investigación de The Clinic analizó los reportes de Martelli y concluyó que el contenido era copiado de publicaciones de diarios. Incluso, se descubrió que algunos contienen información sobre hechos que ocurrieron después de la fecha en la que supuestamente se realizaron los informes.

·         Lo que está pendiente en Impuestos Internos sobre el financiamiento ilegal de la política es contundente y delicado. Para empezar, están sobre la mesa de los investigadores del SII más de 1.500 boletas pagadas por Celulosa Arauco, del Grupo Angelini, algunas de las cuales tienen las mismas características de las que ya llevó a la justicia el Ministerio Público y que fueron pagadas por Penta y SQM. En una situación similar se encuentran Alsacia (la operadora del Transantiago) yTelefónica.
Alejandro Diaz

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