Caudillos contra el pueblo soberano (Chile 1919 – 1938)

Por Gabriel Salazar V.

Alessandri convocó a una gran Asamblea de Notables. Allí presentó el texto. Pero cuando un general del Ejército preguntó por qué no se había convocado a la Asamblea Constituyente, el Presidente se indignó, cerró la sesión a gritos y salió del salón. Conmovidos, los notables (sus amigos) corrieron en su busca y, cuando volvió, aprobaron el texto por aclamación, llenándolo de homenajes.

Situación prerrevolucionaria

Cuando un Estado, por más colosal que parezca, cae moribundo a los pies de la ciudadanía (como le ocurrió al Estado portaliano, levantado a balazos desde 1829, al llegar a 1910) y es precisamente ella, la ciudadanía, la que, por soberanía propia y no por paternidad putativa, debe enterrar ese cadáver para iniciar la construcción de un nuevo Estado, entonces se está viviendo una situación prerrevolucionaria. La misma que, para ser plenamente revolucionaria, necesita que la ciudadanía logre descargar sobre el cadáver una lápida perpetua y que, a la vez, desde sí misma, dé a luz una nueva criatura estatal. Porque, a pesar de lo que pueda decirse, la revolución no la inventan los revolucionarios. No es inherencia subjetiva. Más a menudo que no, son las patologías cívicas del propio Estado las que, a gritos de agonía social, claman por una cirugía revolucionaria. La misma que sólo el pueblo soberano puede ejecutar asépticamente.

La muerte de los estados, sin embargo, aunque muera su organicidad política, no deviene siempre en muerte total: a menudo, las bacterias armadas que vigilan su coraza exterior sobreviven intactas. Disparando contra cualquier síntoma de soberanía ciudadana. Que es el cáncer “supremo” al que deben combatir por principio, pues para eso fueron creadas y entrenadas (es el caso de Chile). Si eso ocurre; o sea: si la coraza sobrevive, el cadáver estatal, en su ataúd artillado, tiene tiempo para reciclarse. Las bacterias de la putrefacción se transforman, de putrefacción mortal en putrefacción de sobrevida. “La” política se vuelve entonces estatalmente endógena, bajo-intestinal, se oficia desde dentro del ataúd, por ventanucos y orificios. Se centraliza. Los políticos que la promueven -bacterias paseando en encierro su pálida “representatividad”- saben que no pueden salir fuera sin morir de inanición cívica. Por tanto, se reproducen entre ellos, en el vientre del Estado. Miran desde dentro con telescopios estadísticos, hablan desde el fondo con altavoces normativos, sienten, por eso, que están preñados -como los papas- de edictos infalibles. Creen, en una palabra, que son indispensables (para sí mismos). Conductores (de agonías falsificadas). Y algunos, en añadidura, se autoperciben teniendo todo eso en grado superlativo: son los “caudillos”. Y al final, la única vida política que puede crear el ataúd artillado de un Estado cadavérico es un centralismo de ultratumba: todo desde dentro, nada desde fuera. Todo para el pueblo. Nada con el pueblo. ¡La muerte gobernando la vida!

Por eso, el deber ciudadano de enterrar y dar a luz los estados nacionales no es de fácil ejecución. Las bacterias armadas del coloso estatal son capaces, post mortem, de alterar, frenar, distorsionar y, por último, matar las decisiones del pueblo soberano. Los procesos revolucionarios pueden terminar, por eso, donde empezaron. Y los zombies políticos continuar gobernándonos cien años más. Ante tales dificultades -cuyo remonte significaría un esfuerzo cívico de alta complejidad y bajo rendimiento- es que, a veces, un sector importante de la ciudadanía cree que es mejor, más cómodo y eficiente seguir la imagen, la voz y la mirada al viento de los “caudillos”. Es decir: venerar las estatuas emergentes del Estado muerto. Es lo que pasó en Chile cuando una parte de la ciudadanía, durante la coyuntura revolucionaria de 1919-1938, se alineó en masa tras el perfil endógeno, centralista y antidemocrático de Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo. O sea, los que lograron darle segunda vida al Estado muerto surgido sobre los muertos de Lircay.

La traición del caudillo civil

Los artesanos, productores y milicianos que se sublevaron diez veces entre 1829 y 1859 contra el Estado portaliano (siendo derrotados en cuatro batallas formales por el ejército de Santiago), no olvidaron jamás, pese a su derrota, ni su propuesta estatal del período 1823-1829 (productivista, democrática y descentralizada), ni los líderes de su movimiento (Ramón Freire, sobre todo), ni la cultura democrática cabildante en la que habían nacido (la de “los pueblos”). Si la memoria oficial de los vencedores se llenó de estatuas, la memoria de los vencidos atesoró los recuerdos de su primera generación: la que, soberanamente, le señaló al país quiénes eran y qué querían. Por eso, sus vástagos de segunda y tercera generación continuaron siendo demócratas, rebeldes y solidarios entre sí. Sólo que puertas adentro. En su espacio comunitario. En la intimidad democrática de sus múltiples “sociedades de socorros mutuos”.

La democracia por la que habían peleado en Lircay sobrevivió en la crisálida de la sociedad mutual. Y allí se desarrolló: aprendieron a generar y administrar recursos propios, fondos sociales, previsionales, educacionales. A practicar democracia participativa. A integrar a hombres, mujeres y niños, como familias. A crear cultura propia, pensamiento libre, opinión ilustrada. A montar imprentas, publicar periódicos, folletos y libros. Autoeducándose en una cultura soberana que se esparció -en la voz elocuente de educadores populares como Luis Emilio Recabarren- por todo el país. Y así, durante 80 años -entre 1830 y 1910-, mientras el patriciado santiaguino se precipitaba desde la “trasplantada” opulencia parisina (Blest Gana) a la vergonzante “crisis moral de la República” (Mac Iver), el pueblo mutualizado potenciaba su moralidad cívica, su democracia de base, su inteligencia administrativa. Por eso, hacia 1900, las sociedades mutuales comenzaron a unirse y dar vida a las “combinaciones mancomunales”. Conscientes de su sapiencia cívica, se dispusieron a controlar los municipios y establecer el “socialismo comunal”. Era muy simple: tras 80 años de exitoso autogobierno, se sentían capaces de gobernar. Recabarren señalaba el camino.

Oliendo peligro, el coloso portaliano rugió: “¡A palomear rotos!”. Y vinieron cuatro matanzas, una tras otra. Después de la última (1907), el pueblo mancomunado pareció desconcertarse. Pero la cultura soberana que se había acumulado no podía ser masacrada: siguió fluyendo en la misma dirección. Y a su alero se fueron sumando otros actores: los estudiantes (FECh), los profesores (AGP), los trabajadores organizados (FOCh), los industriales (SFF), los ediles (AMCh), las clases medias (FCM), los conventilleros, los ciudadanos probos (ligas cívicas) etc. Incluso los oficiales jóvenes del Ejército (Club Militar). Todos sabían que el Estado portaliano estaba moribundo, que era preciso enterrarlo y construir otro. Un Estado capaz de desarrollar la producción, industrializar el país, eliminar la corrupción, resolver la “cuestión social”, etc. Por eso, en 1918, la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN) convocó a un “comicio” multisocial, para discutir y acordar un paquete de leyes económicas que resolviera la crisis. Había llegado el tiempo en que el pueblo colegislara, basado en la experiencia adquirida en 80 años de economía social y mutual. Centenares de organizaciones se movilizaron en todas las ciudades del país. Y se entregó al Presidente de la República el memorial que contenía las leyes propuestas. Era un ultimátum: el Presidente debía hacerlas aprobar por el Congreso, bajo pena de desacato general al Estado…

Temeroso, el ministro Ladislao Errázuriz inventó una guerra con Perú, decretó ley marcial y procesó a los dirigentes del movimiento. Hubo apaleos y torturas. Centenares de prisioneros. En la cárcel murió el poeta Domingo Gómez Rojas, estudiante de Derecho. En ese contexto, la elección presidencial de 1920 tomó un cariz apasionante. Y ocupó la escena el discurso para chusmas del “caudillo” Alessandri. Pero en dos años demostró que era sólo demagogia. Hastiada, la oficialidad joven del Ejército -que compartía la opinión ciudadana- derrocó a Alessandri y lo envió al exilio. Y lo mismo hizo después con el general Altamirano, que traicionó el movimiento. Por primera vez, desde 1830, las bacterias armadas de la coraza exterior combatían contra el cuerpo enfermo del Estado. Esta situación, inédita, abría una coyuntura “revolucionaria” (1). En vista de ello, los trabajadores, los estudiantes y los profesores retomaron la ofensiva, ya no para colegislar, sino para dar al país una nueva Constitución. Es decir: para ejercer en pleno su poder soberano. Y convocaron, en marzo de 1925, a una Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, la que se inauguró en el Teatro Municipal. Ese día, el trabajador que abrió la sesión, con gran solemnidad, dijo: “Esta reunión es, sin duda alguna, la más importante de cuantas se han celebrado en Chile desde el nacimiento de la República, por cuanto ella congregará la representación genuina de los elementos de trabajo convocados por sí mismos para deliberar sobre las bases que han de darse a la sociedad en que viven, sin la intervención de elementos ajenos… como han sido hasta hoy los congresos formados por diputados y senadores, cuyos cargos representativos han sido el fruto del cohecho o de la violencia de la autoridad puesta a su servicio” (2). La Asamblea deliberó durante casi una semana y acordó una serie de “principios constituyentes” que, en lo esencial, establecían un Estado centrado en el fomento de la producción, un Congreso funcional formado por delegados de las clases productoras, un sistema educacional administrado por la comunidad y no por el Estado (o sea: no por la oligarquía), un ejército de ciudadanos (se abolía el ejército permanente), etc. De este modo, antes de que Alessandri volviera del exilio, el pueblo ciudadano ya había manifestado su voluntad constituyente.

La Junta Militar acordó traer a Alessandri del exilio para que, como Presidente constitucional (le restaban algunos meses), organizara la Asamblea Nacional Constituyente exigida por la ciudadanía. Alessandri aceptó, a condición de que la Junta Militar se disolviera. La Junta, confiada, se disolvió. El Presidente comenzó citando a una Asamblea de Notables, para sentirse respaldado. Luego designó dos comisiones ad hoc: una para organizar la Asamblea, otra para proponer los temas centrales a tratar. La primera, de hecho, nunca funcionó. La segunda, presidida por él mismo, comenzó pronto a redactar el texto constitucional. Los delegados que protestaron por eso (entre ellos, los delegados sociales, que eran minoría) tuvieron que retirarse. La comisión quedó reducida a 8 ó 9 personas adictas al Presidente, quien fue imponiendo su criterio (de hecho, había redactado un borrador de Constitución en su viaje de retorno) sesión a sesión. Al final, la comisión se concentró en reformar cosméticamente la Constitución de 1833. Cuando el nuevo texto estuvo listo, Alessandri convocó a una gran Asamblea de Notables. Allí presentó el texto. Pero cuando un general del Ejército preguntó por qué no se había convocado a la Asamblea Constituyente, el Presidente se indignó, cerró la sesión a gritos y salió del salón. Conmovidos, los notables (sus amigos) corrieron en su busca y, cuando volvió, aprobaron el texto por aclamación, llenándolo de homenajes (3). Luego se llamó a plebiscito, por el cual la Constitución de 1925 fue aprobada con el 57% de abstención ciudadana. De ese modo, el “caudillo de la chusma” traicionó la voluntad ciudadana, el acuerdo con los militares y le dio una nueva vida al coloso cadavérico que debía morir. Así, la Constitución de 1925 fue exactamente lo contrario de los “principios constituyentes” aprobados libremente en la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales: estableció un estado “político” (no productivista), unitario (no descentralizado), presidencialista (no participativo), docente (no comunitarista), etc. Además, protegido por la misma coraza artillada de siempre. Concluyendo: fue una copia feliz del Estado de 1833.

La traición embaucadora de Arturo Alessandri Palma permitió que el proceso revolucionario (iniciado hacia 1900 con las “combinaciones mancomunales”) girara en círculos y terminara estacionado en el mismo punto de partida. Los que creyeron en él, mareados por el remolino, siguieron creyendo aún después de 1932. Y en el centro del círculo, levantaron su estatua.

La dictadura del caudillo militar

La operación tramposa de Alessandri no embrujó a la oficialidad joven del Ejército. El nuevo Estado, por ser copia fiel del de 1833 (además de liberal), no podía resolver ni el problema del desarrollo económico ni el problema del desarrollo social. Cualquier ciudadano consciente se daba cuenta de eso. Y Carlos Ibáñez del Campo, que había apoyado los “pronunciamientos” militares de 1924 y 1925, no lo aceptó. Pero no podía hacer nada al respecto si él mismo no ascendía en la jerarquía militar, si no conseguía el apoyo del Ejército y si no satisfacía las demandas ciudadanas. Más aún: no podía provocar un tercer pronunciamiento y reiniciar todo el proceso constituyente: podía pasar cualquier cosa. Su única vía posible era ser general, alcanzar el poder político y promulgar decretos leyes que resolvieran los problemas de arrastre, sin cambiar la Constitución de 1925. Y lo consiguió: gobernó dictatorialmente por decreto simple y tomó medidas de tinte populista: estableció instituciones de crédito para la industria, la minería y la agricultura; echó a andar el Banco Central y la Contraloría; nacionalizó la producción y comercialización del salitre; impuso el Código del Trabajo; organizó la Oficina Central de Municipalidades, que financió con empréstitos norteamericanos, etc. Pero, al mismo tiempo, no sólo persiguió y deportó a los agitadores políticos de la vieja oligarquía -estableció una policía secreta-, sino también a los dirigentes de los movimientos populares, incluso a los profesores, con los cuales negoció en un primer momento. Pero no reformó la Constitución. Y, lo más grave, no dialogó ni integró participativamente a los actores sociales. Era un populismo absolutamente centralista.

Por eso, así como Alessandri había expulsado ignominiosamente a los delegados de los trabajadores, estudiantes y profesores en 1925 (cuando le presentaron un gran proyecto de reforma educacional), conminándolos a trabajar y hacer uso del “derecho a petición”, Ibáñez expulsó también a los actores sociales y los condenó al “peticionismo” frente al Estado. Cuando, después de 1932 (Ibáñez fue depuesto en 1931), Alessandri repuso en su integridad la Constitución de 1925, los empresarios fueron a decirle que, puesto que él no quería reformarla y dado que aquélla no tenía posibilidad alguna de fomentar el desarrollo de la producción, le recomendaban crear un Consejo Económico Social, formado por representantes de las clases productoras, para que se hiciera cargo de las políticas económicas del país. Alessandri, iracundo, también los expulsó, mandándolos a practicar el “derecho a petición”. Los empresarios insistieron. El Presidente, representante político de la derecha liberal, se negó a incorporar al Estado a los representantes de la derecha económica. Y los envió a la calle a “pedir al Estado”, como cualquier ciudadano (4). Frustrados, los empresarios crearon entonces, en 1934, la Confederación de la Producción y del Comercio, para presionar, desde fuera, al Estado…

La traición de Carlos Ibáñez del Campo al pueblo-ciudadano fue, en apariencia, distinta. Pues no fue una traición oligárquica ni liberal como la de Alessandri, pero fue igualmente antidemocrática. Los dos redujeron la soberanía ciudadana a la condición de peticionismo callejero.

El legado de los caudillos

Cuando, en la coyuntura prerrevolucionaria del período 1919-1938, los actores sociales tomaron la iniciativa para enterrar el cadáver del coloso estatal portaliano y levantar un Estado legítimo y eficiente, se encontraron con que delante de ellos aprecieron, en sucesión, dos “caudillos” populistas: uno civil y otro militar. Aparentemente, odiándose entre sí. El primero, engañando a los militares y al pueblo-ciudadano, personalizó en sí mismo el poder constituyente. El segundo, engañando a todos y a sí mismo, dictatorializó las demandas ciudadanas. Por eso, ambos despojaron a la ciudadanía de sus poderes soberanos, para encarcelarlos en un texto constitucional espurio (que mantenía con vida el cadáver de 1833) y en un populismo centralista que operaba por los resquicios constitucionales de una Constitución improductiva. Ambas traiciones, conjugadas, produjeron un resultado convergente y reforzado: cercenaron la soberanía ciudadana, le inyectaron el veneno cívico del peticionismo crónico y modelaron, como arcilla caudillesca, una “masa social” sin voluntad política ni propuesta propia, condenada a la rabia y la protesta. A pedir y recibir.

NOTAS

(1) Este proceso está examinado en G. Salazar: “Del poder constituyente de asalariados e intelectuales. Chile, siglos XX y XXI” (Santiago, 2009. Editorial LOM), pp. 25-152.

(2) En el periódico Justicia (Santiago, 7/03/1925), p. 6.

(3) Ver Ministerio del Interior: (Ed.) Actas oficiales de la subcomisión encargada del estudio del proyecto de nueva Constitución Política (Santiago, 1925. Imp. Universitaria), pp. 437-462.

(4) Ver de G. Salazar: “Del poder constituyente…”, op. cit., pp. 93-120

Alejandro Diaz

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