Extraido del Mostrador….altamente relevante

20 de marzo de 2014

ENNIO VIVALDI

Profesor de la Universidad de Chile. Candidato a rector 2014-2018

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Tres rectores, Carlos Peña, Ignacio Sánchez y Juan Zolezzi, han firmado hace unas semanas una columna de carácter prescriptivo. La ocasión era propicia: el nombramiento del ministro de Educación. Los autores aspiran a representar “la diversidad del sistema universitario en Chile, puesto que quienes la suscriben son rectores de una universidad estatal, una universidad tradicional no estatal y una universidad privada nueva”. La pretendida heterogeneidad es tan verdadera como, en un cierto sentido, intrascendente. En realidad, podría también argumentarse que los ‘tres rectores’  son autoridades de universidades privadas, porque sus tres universidades y todo el resto de las universidades chilenas se financian como en el resto del mundo se financian las universidades privadas. La conversión del sistema educativo en un mercado es el trasfondo de la crisis, de hecho. Y es justamente el tema que deberá abordar el nuevo ministro y toda una sociedad que se juega sus posibilidades futuras entre las presiones de consolidarse como un mercado de la educación o convertirse en un sistema educativo.

La discusión sobre lo público y lo privado tiene antecedentes a esta columna de los ‘tres rectores’. Una controversia entre Mayol y Joignant (El Mostrador y La Segunda); el debate entre el saliente rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez y la entonces ministra de Educación Carolina Schmidt; una columna de Fernando Lolas que se pronunció por desvincular lo público de lo estatal; además de la referida columna de los ‘tres rectores’, constituyen un marco de referencia para comprender elvuelo que comienza a adquirir este debate con miras a los planes de reforma futura. Y es natural. En la presencia o ausencia de límites entre lo público y lo privado se juegan las posibilidades de muchos intereses.

No cabe duda de que para quienes habitamos no sólo en la preocupación por el futuro de la educación pública, sino que además estamos convencidos de las oportunidades que se abren, esta discusión está llamada a ser la central. Por eso, no sólo resulta curiosa la columna de los ‘tres rectores’, sino además inquietante. Las autoridades de la Universidad de Santiago han sido particularmente elocuentes en denunciar que las universidades estatales en Chile no reciben un solo peso por ostentar esa condición. La mayor parte de lo que llega a las universidades estatales, con la excepción del Aporte Fiscal Directo o escasos fondos destinados a algunos museos e institutos de la Universidad de Chile, lo reciben compitiendo en las mismas fuentes de financiamiento y con las mismas reglas que las universidades no estatales. Para las estadísticas internacionales, en Chile pertenecen a la educación pública el 44% de los estudiantes de la Enseñanza Básica y Media y el 0% de los estudiantes universitarios, pues la definición de público exige un pago fiscal equivalente a la mitad del costo de los estudios, lo que aquí no ocurre en ninguna universidad.

Parece conveniente asumir una pregunta que, desde 1981 en adelante, la legislación ha desdibujado con ribetes que podrían ser hasta humorísticos si no fueran trágicos: ¿Qué es una universidad? Restableciendo claridad en ese punto, y sin afanes prescriptivos, al nuevo ministro se le podría hacer una sugerencia imaginativa: volvamos a tener universidades públicas. La generalidad de los países no sólo las tienen, Chile también las tuvo, sino que las ha utilizado como herramientas fundamentales en su desarrollo cultural, político y económico.

El artículo de los ‘tres rectores’, que podría haber abierto expectativas de nuevas luces aportadas desde la academia, parece más bien mimetizarse con reiteraciones ideológicas que ya por largo tiempo se han intentado imponer. El argumento fundamental es que todas las universidades son públicas por vocación y tipo de actividad. Suponemos que lo de “tipo de actividad” es clave para distinguirse, por ejemplo, de las fábricas de neumáticos, cuyaproducción es útil para el desarrollo de todo el país, no es destinada a almacenamiento permanente y no es confinada en su uso. Sin embargo, es precisamente por eso que “tipo de actividad” se lee como un argumento post facto. A pocos años del fin de un siglo definido por la confrontación entre defensores de la propiedad privada y de la estatal, afirmar que no tiene ninguna importancia el que una Universidad pertenezca a un particular o al Estado resulta casi una ligereza para con la historia reciente de la humanidad. Las universidades privadas tienen dueños, las universidades estatales no tienen dueños. Por mencionar una de una miríada de implicancias: al proponer una investigación y al publicar sus resultados, no tiene sentido para el investigador de una universidad estatal preguntarse qué opinará de su investigación el propietario de su fuente de trabajo. Si se invierte la perspectiva, surgen preguntas aún más interesantes, por ejemplo: ¿qué motiva a un particular a invertir dinero para fundar o comprar una universidad?

Un párrafo hermoso y convocante del artículo de los rectores es el que afirma: “Cualquier política de educación superior debe tener en cuenta que un sistema de educación superior mixto –pero de inequívoca orientación pública y carente de fines de lucro– forma parte de la cultura nacional”. La expresión cultura nacional nos evoca una tradición histórica que aquí alcanza casi connotaciones de un paraíso perdido. Aquella época cuando las universidades se hermanaban en pos del cumplimiento de sus grandes intereses: la cultura, la formación de profesionales, las artes, la investigación científica, la innovación tecnológica. Nótese que en esos tiempos la Universidad de Chile colaboró activamente en la formación de nuevas universidades, una actividad que se espera de las grandes universidades estatales, omitida en una lista de funciones de una universidad estatal incluida en la columna que comentamos. Entre las páginas más bellas de la historia de nuestra Facultad de Medicina está su aporte a la creación de otras Escuelas en otras Universidades. A nadie se le hubiera ocurrido la mezquindad de pensar que se estaba ayudando a una empresa rival. Es la diferencia entre un mercado educativo y un sistema educativo.

La discusión conceptual acerca de que si las universidades son todas iguales y todas públicas parece arribar también a corolarios muy prácticos: si todas son públicas, todas deben tener igual acceso a los fondos fiscales. El argumento de que no se puede discriminar entre jóvenes estudiantes, sea cual sea la universidad a que atiendan, es inobjetable. Pero por eso mismo se hace extremadamente tentador usar a esos jóvenes para, amparados en una noble causa, conseguir aquellos dineros fiscales. Una competencia que sin duda el nuevo ministro de Educación ha de tener es la de reconocer cuándo se le está hablando de negocios aunque aparentemente se le esté hablando de otra cosa. Distinguir la magnanimidad de los intereses es una labor importante de la política (súmese además que no todos los negocios son comerciales, también los hay políticos).

Parece conveniente asumir una pregunta que, desde 1981 en adelante, la legislación ha desdibujado con ribetes que podrían ser hasta humorísticos si no fueran trágicos: ¿Qué es una universidad? Restableciendo claridad en ese punto, y sin afanes prescriptivos, al nuevo ministro se le podría hacer una sugerencia imaginativa: volvamos a tener universidades públicas. La generalidad de los países no sólo las tienen, Chile también las tuvo, sino que las ha utilizado como herramientas fundamentales en su desarrollo cultural, político y económico. En estos días, donde un nuevo gobierno se asienta y donde la nueva mandataria ha dicho, en pleno inicio de su mandato, “sé lo que ofrece la educación pública, soy hija de la educación pública y mi compromiso es que todos tengamos esas oportunidades”, pues, en estos días, decía, será crecientemente importante poder distinguir cuáles son realmente las universidades públicas, cuáles son sus imitaciones más logradas y cuáles definitivamente trafican sus intereses privados en la máscara de lo público.