LA OTRA REALIDAD QUE EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS OCULTAN TRAS EL RESCATE DE

LOS 33 MINEROS DE LA MINA SAN JOSÉ.



*Luis Mesina M.



El 5 de agosto los chilenos fuimos impactados con la trágica noticia de que 33 mineros eran sepultados a más de 700 metros bajo cientos de toneladas de material rocoso. Luego de 17 días y debido en gran parte a la experiencia y fortaleza de los trabajadores, nos enteramos que estaban con vida. La alegría de todo un pueblo al saber esta noticia, era rápidamente manipulada por el gobierno para ocultar las verdaderas causas de este accidente.

Varias lecciones se pudieron extraer de esta tragedia, en primer lugar, que la clase obrera es por sí solidaria, es leal y honrada entre sus compañeros; de conjunto es capaz de sobreponerse a los más grandes obstáculos, puede, sin necesidad de los patrones –que arrancaron como ratas cuando se enteraron de la tragedia-, resistir y enfrentar las adversidades que la naturaleza le impone; eso explica que la sobrevivencia haya sido posible con tan pocos recursos y soportando temperaturas en promedio superior a los 30 grados y con índices de humedad cercanos al 100%. En segundo lugar, quedó en evidencia que los “propietarios” de esta mina, así como de cualquier empresa, cuando se trata de ganar dinero lo hacen, incluso, pasando por encima de la vida de los trabajadores.

La Compañía Minera San Esteban es la propietaria de la mina San José, pertenece a la mediana minería; es una explotación de cobre y oro muy antigua que se halla ubicada en Atacama, zona del desierto más árido del mundo. Tiene una larga tradición en actividades extractivas de más de medio siglo, explotando minerales de hierro y ha logrado acumular una importante fortuna.

Durante muchos años esta mina había sido denunciada como una explotación insegura. Entre 2000 y 2004 se interpusieron más de doce denuncias de los trabajadores ante diversas autoridades del país. La mayoría de los organismos públicos destinatarios de estas quejas jamás intervinieron para imponer protección a la seguridad de los trabajadores, siempre actuaron en cautela del interés del capital. En los últimos cuatro años hubo tres accidentes fatales y dos que significaron la amputación de extremidades de los afectados. El derrumbe del 5 de agosto tuvo, según se ha informado, una magnitud tal que produjo prácticamente el desplome de las galerías y de los ductos accesorios. Según declaraciones que han formulado diferentes especialistas esta mina jamás debió ser reabierta, sólo se hizo porque contó con una estructura jurídica y política que no repara en cautelar la vida de las personas. Ahora sabemos, además, que para aumentar las ganancias los propietarios tomaron decisiones francamente criminales. Así en una mina con roca inestable, redujeron el número de vigas de apuntalamiento, aumentando los metros entre ellas. Incluso llegaron a ordenar su desmantelamiento cuando obstaculizaban el trabajo de maquinaria en las vetas de mineral. Cuando se produjo el derrumbe, lo primero que intentaron los mineros fue ascender por la escalera del ducto de ventilación, que supuestamente era la salida de emergencia con la que contaba la mina. Pero descubrieron que la escala solo existía en una parte del trayecto y debieron abortar el intento de salida. Más tarde todo el ducto colapsó y ya no hubo posibilidad de usarlo. Sin embargo, si la empresa minera hubiera contado con la salida de emergencia, los mineros hubieran salido todos a salvo en las primeras horas.

Pero, ¿Por qué trabajaban en esa mina tan peligrosa, mineros con tanta experiencia? Porque las oportunidades de empleo en un país que se pavonea en América Latina de ser uno con mejores indicadores de crecimiento, sólo puede ofrecer empleo precario, inseguro, desprovisto de toda regulación. En el país, es cada vez más la población que accede por necesidad a empleos donde los derechos fundamentales son pisoteados, donde las jornadas laborales de ocho horas que en el pasado constituían derechos irrenunciables hoy son canjeados por unos miserables pesos. Es por ello que miles de trabajadores, incluidos los mineros, están dispuestos a trabajar en condiciones de alto riesgo, por necesidades, para sobrevivir.

Este accidente no fue fortuito, es uno más de los tantos que ocurren a diario en el país, en casi todos los sectores de la economía se accidentan y mueren trabajadores por la inescrupulosa práctica de los patrones de descuidar la seguridad en tanto ésta les reporta costos. En la construcción, el transporte, la manufactura, los servicios cada vez son más los trabajadores accidentados como consecuencia de la desregulación que se ha venido aplicando a la legislación laboral. Comenzó bajo la dictadura de Pinochet y se incrementó bajo los gobiernos de la concertación, quienes por facilitar la “inversión extranjera” desprotegieron de toda normativa a los trabajadores.

Chile, es un país donde la minería ocupa el papel más importante en la economía. El cobre fue nacionalizado bajo el gobierno de Allende el 11 de julio de 1971. Todos los yacimientos, entre los que se encuentran los más grandes del mundo, aportaban en ese entonces al país más del 45% del producto interno. Durante la dictadura, mediante la ley minera comenzó el proceso de privatización y hoy, más del 74% de la extracción de cobre se encuentra en manos privadas. Los gobiernos de la concertación ofrecieron mayores garantías a la inversión extranjera mediante la “paz social” y, a través de la modificación a la ley de renta se permitió que las empresas mineras produjeran más de 36.000 toneladas anuales y pagaran impuestos sólo cuando obtuvieran utilidades. Resultado: modificaron sus contabilidades y entre 1990 y el 2005 no pagaron un solo peso por concepto de impuestos al país, este despojo que se le ha causado al Estado ha sido brutal y para ello se ha contado con el silencio cómplice de todos los gobiernos post dictadura.

El despliegue comunicacional llevado adelante por el gobierno derechista de Piñera, aplaudido y avalado por todos los representantes en el parlamento y por la mayoría de los gobiernos de la región, incluido Obama, busca generar un impacto mediático de “humanidad” y de “unidad nacional”: “todos los chilenos con los mineros”. Nada se dice de la responsabilidad criminal de los propietarios que ya se han declarado en quiebra para no asumir responsabilidades económicas con los trabajadores que ya llevan dos meses sin recibir salarios. Nada se dice, que aparte de los 33 mineros, hay otros cientos esperando soluciones y el pago de sus remuneraciones. Tampoco se dice nada, acerca de otros tantos accidentes que en estos mismos momentos tienen a otros mineros chilenos sufriendo las consecuencias de esta desalmada política empresarial que busca el lucro a través de la explotación más brutal.

Si bien todos los trabajadores se han alegrado del rescate con vida de los 33 mineros, ahora comienza la campaña desinformativa para esconder las verdaderas causas de este episodio que una vez más tiene como protagonistas a los trabajadores y a los empresarios. Unos, sufriendo el rigor de un sistema fundado en la propiedad privada y en la más extrema explotación y, otros, logrando riqueza a costa del trabajo ajeno y continuando con su política de perpetuar un sistema que beneficia a un pequeño grupo de explotadores.

Hoy más que nunca los trabajadores chilenos deben estar alertas, Tras bambalinas, el gobierno y los empresarios se aprestan a dictar nuevas leyes que aparentemente tendrán como objetivo resguardar la seguridad laboral, cuando en realidad, se persistirá en desregular y privatizar las relaciones laborales poniendo siempre el acento en favorecer la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en desmedro de los trabajadores.

Alejandro Diaz

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